La protección especial dispuesta para los empleados que están en situación de debilidad manifiesta, en los términos del Decreto 1083 del 2015, no puede entenderse a manera de conservación perpetua del trabajo o a la permanencia indefinida en un empleo público, ya que deberán prevalecer los derechos de quienes ganan concursos de méritos.

El Departamento Administrativo de la Función Pública resolvió una consulta relacionada con la posibilidad de que un empleado público que está incapacitado y su grupo familiar tengan derecho a ser beneficiarios de los planes de bienestar laboral de la respectiva entidad, así como a percibir reconocimientos económicos por dichos programas.

La Sala Laboral resolvió un recurso de casación sobre una demanda en la que los accionantes, padres biológicos de la causante, solicitaban el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, ya que dependían económicamente de su hija fallecida. La parte accionada se opuso a las pretensiones por incumplimiento del requisito de fidelidad al sistema.

Los derechos mínimos para los trabajadores oficiales están previstos en la Ley 6 de 1945, el Decreto 1083 del 2015 y el Decreto 1919 del 2002. Sin embargo, no existe una norma en particular que establezca cuál debe ser el incremento salarial anual para esta clase de trabajadores.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Decreto 1045 de 1978, para efectos de vacaciones no se considera interrumpido el tiempo de servicio cuando la suspensión de labores sea motivada por incapacidad no superior a 180 días ocasionada por enfermedad o accidente de trabajo.

El tratamiento y/o manejo que requiere un paciente depende del criterio del médico tratante, que puede o no hacer parte de la red de prestadores con que cuenta la respectiva EPS y que, en ejercicio de su autonomía, podrá adoptar las decisiones relativas al diagnóstico y tratamiento, lo cual incluye la posibilidad de expedir incapacidades, si así lo considera, recordó el Ministerio de Salud.