Esta iniciativa busca fortalecer la participación de todos los actores del sistema general de riesgos laborales.

La sola contingencia no se considera discapacidad, sino el modelo social que impide interactuar en igualdad.

La normativa resalta que estos derechos son esenciales para el fortalecimiento de los derechos laborales y deben ser garantizados por las autoridades nacionales y territoriales.

El despido se considerará injustificado y el empleador podrá ser multado con una sanción económica que varía entre 1 y 5.000 salarios mínimos diarios.

No siempre coincide la fecha en que se estructura la invalidez y las secuelas posteriores, teniendo en cuenta la progresividad.

Si las manifestaciones no sobrepasan límites no se puede afirmar que el trabajador incumple sus deberes.