El parágrafo 1º del artículo 1° de la Ley 860 del 2003 establece que los menores de 20 años de edad solo deberán acreditar que han cotizado 26 semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria.

El Ministerio de Hacienda expidió una norma que modifica nueve artículos del Título I, Parte II, Libro II del Decreto 1833 del 2016, con el propósito de generar mayor eficiencia en el Sistema General de Pensiones, reducir los tiempos de los tramites asociados al bono pensional y mejorar el proceso. Igualmente, se armonizan las disposiciones con el principio de sostenibilidad financiera del sistema introducido en la Constitución mediante el Acto Legislativo 01 del 2005.

La situación militar se debe acreditar antes de ejercer un cargo en el sector público o privado o para celebrar contratos de prestación de servicios como persona natural con una entidad del sector público.

El Gobierno sancionó la ley con la cual reduce la jornada laboral semanal de manera gradual, sin disminuir el salario ni afectar los derechos adquiridos y garantías de los trabajadores. Puntualmente, se modifica el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo (CST) y reduce la jornada laboral de 48 a 42 horas semanales.

Con fundamento en el Convenio Internacional entre Colombia y España, cuyo fin es garantizar los derechos pensionales de los trabajadores de ambas partes y que fue aprobado mediante la Ley 1112 del 2006, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia declaró a la accionante como beneficiaria de la seguridad social y condenó a Colpensiones a reconocer y pagar la prorrata de la pensión, además de los intereses moratorios.

La Corte Constitucional concedió una tutela a un trabajador diagnosticado con una enfermedad degenerativa que fue despedido de la empresa en la que trabajaba sin contar con la autorización respectiva por parte del Ministerio del Trabajo.

En principio, el pago de la disponibilidad laboral procede cuando la misma se cumple en el lugar de trabajo, de tal suerte que el trabajador no pueda realizar otras actividades particulares, indicó el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Al conceder el amparo invocado, la Corte Constitucional abordó el derecho a la seguridad social y el mínimo vital y reiteró la jurisprudencia relacionada con los requisitos legales para la sustitución pensional al hijo o hija en situación de invalidez.