La Función Pública propone reglamentar las situaciones ocasionales, excepcionales o especiales que permitan habilitar la modalidad de trabajo en casa, así como las condiciones complementarias necesarias para garantizar los derechos laborales de los servidores públicos, los derechos de las entidades del Estado y los deberes de ambas partes.

Un reciente decreto de la Función Pública acaba de reglamentar la equivalencia u homologación de experiencia previa al título, prevista en el artículo 2 de la Ley 2039 del 2020, por experiencia profesional válida para efectos de los procesos de inserción laboral en el sector público.

La administración de cartera derivada de operaciones de libranza puede ser adelantada tanto por la operadora de libranza como por un tercero que actúe como mandatario suyo. Por lo tanto, es jurídicamente viable que una operadora de libranza que actúe como tal frente a sus empleados (beneficiarios) administre directamente la cartera.

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia indicó los elementos que configuran el contrato de trabajo y su diferencia con los contratos civiles de prestación de servicios, conforme el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.

El Ministerio del Trabajo expidió una resolución que modifica los artículos 6 y 5 de la Resolución 2605 del 2014, la cual fijó lineamientos y reglamentó el reporte de vacantes laborales.

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia enfatizó que la garantía de estabilidad laboral reforzada opera cuando el trabajador a la fecha de terminación de su contrato de trabajo aún está en proceso de recuperación de su salud.

El Departamento Administrativo de la Función Pública resolvió una consulta sobre si los empleados de una entidad que están prestando sus servicios bajo la modalidad de trabajo en casa, en el marco de la emergencia sanitaria, tienen derecho a recibir dotación.

Cualquier empresa afectada por las causas que motivaron la declaratoria del estado de emergencia económica podrá convertir sus créditos en bonos de riesgo, sean estos ordinarios o convertibles, siempre y cuando dicha emisión quede contenida en el respectivo acuerdo de reorganización o en una reforma al mismo cuando no se hubiese contemplado inicialmente.

El Departamento Administrativo de la Función Pública precisó que las normas que regulan la materia no consagran la mencionada evaluación para las personas vinculadas mediante nombramiento provisional.

El Ministerio del Trabajo publicó un proyecto de norma con el cual adoptaría referentes técnicos mínimos obligatorios para la identificación, evaluación, monitoreo permanente e intervención de los factores de riesgo sicosocial.