Conoce de las controversias que se susciten entre usuarios, empleadores y entidades administradoras o prestadoras.

La calificación de pérdida de capacidad laboral es un derecho que le asiste a las personas afiliadas al sistema de seguridad social, sin distinción alguna: Corte Constitucional.

Se confirmó la decisión de Procuraduría General de la Nación que revocó la sanción disciplinaria de destitución, por cuanto el servidor público no desarrolló la conducta en calidad de miembro de la Policía Nacional.

Las empresas que no cumplan con el plazo estipulado deberán pagar un día de salario por cada día de retraso.

Validada la afiliación pensional y una vez produzca efectos el traslado entre entidades administradoras, surge para el nuevo ente administrador la obligación de reconocer las prestaciones económicas.

El legislador no estableció explicita o tácitamente condición alguna diferente al estado de invalidez para el reconocimiento del derecho pensional.

El Ministerio Público señaló que no se puede dejar a las entidades sin el personal necesario e idóneo para atender la demanda de servicios que prestan a la ciudadanía.

Las entidades deberán respetar la autonomía propia de este tipo de contratación, evitando acciones que puedan encubrir una relación laboral.

Los montos definidos empezaron a regir el 3 de enero del 2023.

El porcentaje a trasladar a las IPS por la prestación de servicios y tecnologías en salud en el régimen contributivo y subsidiado corresponde al 16,23 %.