La Corte Constitucional conoció una acción de tutela en la que un ciudadano solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación en virtud de lo establecido en una convención colectiva. Los jueces que conocieron el caso, e incluso la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, negaron el reconocimiento prestacional debido a que la relación laboral no estaba vigente al momento de presentar la reclamación.

Frente a una consulta sobre la posibilidad de solicitar el pago anticipado de seguridad social para pagar una cuenta de un contrato de prestación de servicios, el Ministerio de Salud recordó que, de acuerdo con el artículo 244 de la Ley 1955 del 2019, sobre ingreso base de cotización de los independientes, la cotización se realiza mes vencido, es decir, el aporte posterior que realiza el contratista independiente al sistema de seguridad social integral, el cual debe ser sobre la base mínima del 40 % del valor mensual del contrato.

Las partes del contrato de trabajo pueden estipular el pago del salario en moneda o divisa extranjera, teniendo como referencia la tasa de cambio representativa del mercado (TRM) para realizar la conversión monetaria el día en que deba efectuarse el pago del salario.

Una sala de descongestión de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia recordó que los acuerdos entre las partes de una relación laboral no pueden desconocer las disposiciones legales que en materia de viáticos les asigna el carácter salarial a aquel componente destinado a alojamiento y alimentación, en la medida que sean permanentes.

A través de la Resolución 5018 del 2019, el Ministerio del Trabajo expidió los lineamientos en seguridad y salud en el trabajo para las actividades ejecutadas en los procesos de generación de energía a través de fuentes convencionales y no convencionales de generación, transmisión, distribución y comercialización, contenidos en el anexo técnico que forma parte de la norma.

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia conoció una acción de tutela en contra de una providencia judicial en la que se negó el reconocimiento y pago del lucro cesante a una ciudadana que tuvo una disminución de la capacidad laboral por la ocurrencia de un accidente de tránsito.

El Consejo de Estado aclaró recientemente que los sindicatos no están obligados a realizar aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cajas de compensación familiar por todos los contratos que celebren con sus afiliados para la prestación de un servicio o la ejecución de una obra.

Al conocer de una demanda interpuesta por una persona con VIH que pretendía el reconocimiento de la pensión de invalidez, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia indicó que los dictámenes de pérdida de capacidad laboral, a pesar de tener por fundamento la historia clínica y los exámenes médicos del paciente, no constituyen una prueba definitiva, incuestionable o inmodificable para acceder a la prestación.

Los derechos de carrera solo se adquieren una vez se supera el periodo de prueba de seis meses, de manera que si un empleado en periodo de prueba renuncia a este para aplicar a otro no puede regresar al primero.

Esta potestad de regresar al cargo anterior es exclusiva de los empleados que ostentan derechos de carrera, indicó la entidad.

Una sala de descongestión de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia recordó que la comunicación del despido a un trabajador que ha sido incluido en la nómina de pensionados no puede sujetarse a la regla de una notificación oficial y previa de la resolución de reconocimiento de pensión.

Según la Sala, lo anterior se justifica porque, de manera informal, es necesario que tanto la empresa como la institución de seguridad social actúen al unísono, acordando el momento en que cada una de ellas va a obrar.