Las consecuencias derivadas de la falta de afiliación al sistema de pensiones o la ausencia de pago de las cotizaciones no están sometidos a la prescripción extintiva.

El juez está en la obligación de adelantar un examen riguroso del comportamiento asumido por el empleador en su condición de deudor.

La Administración no desconoce derechos fundamentales cuando se hacen nombramientos en estricto orden de méritos.

La trasgresión constitucional se le adjudica a la falta de expedición del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal (CDP), que le permita al juzgado designar un reemplazo y concederle su periodo de descanso.

El hecho de que el hijo devengue un salario no implica que por ello pierda su calidad de dependiente económico.

El examen del acto del cambio de régimen pensional por transgresión del deber de información debe abordarse desde la institución de la ineficacia en sentido estricto: Sala Laboral.