El Ministerio del trabajo, a través de la Circular 21, del 17 de marzo del 2020, estableció diferentes alternativas para ser consideradas por los empleadores con el fin de proteger el empleo, teniendo en cuenta la emergencia declarada a raíz de la propagación del coronavirus (covid-19) y el impacto económico que la misma ha generado.

El artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo (CST) establece de manera taxativa las justas causas por medio de las cuales el empleador podrá unilateralmente proceder a la terminación del vínculo laboral, entre las que está cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador, en los términos de los artículos 58 y 60, respectivamente, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos.

Como excepción temporal a la regla general de prohibición de reconocimiento de pagos parciales del auxilio de cesantía antes de la terminación del contrato de trabajo, establecida en el artículo 254 del Código Sustantivo del Trabajo, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 488 del 2020, mediante el cual un trabajador, previo cumplimiento de los requisitos correspondientes, puede retirar de sus cuentas en los fondos de cesantías el monto que garantice su ingreso constante.

Ante el revuelo generado por la expedición del Decreto 1174 del 2020, con el cual se reguló el piso de protección social para quienes ganan menos de un salario mínimo, el Ministerio del Trabajo aclaró varios puntos sobre la norma.

La Corte Constitucional declaró exequible el Decreto Legislativo 771 del 2020, por el cual se dispuso un auxilio de conectividad digital para los trabajadores que devenguen hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes y desarrollen su labor en casa, bajo el entendido de que esta medida se podrá extender más allá de la vigencia de la emergencia sanitaria, cuando sea necesario garantizar la continuidad del trabajo, con el fin de evitar el contagio del coronavirus.

Catherine Velandia Hoyos, CEO de la firma Consultores de Cambio, es psicóloga especialista en Gerencia en Riesgos Laborales y Seguridad y Salud en el Trabajo, facilitadora para el Ministerio del Trabajo en Materia de Riesgo Psicosocial, además de consultora líder en Desarrollo Organizacional y Seguridad y Salud en el Trabajo. La experta habló con la comunidad sobre las problemáticas que genera la crisis; un escenario de diversas formas de trabajo remoto que impacta en el bienestar y entorno personal de los colaboradores.

Observa el webinar para conocer todas las fórmulas que permiten enfrentar este desafío.

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La Dian se pronunció respecto al tratamiento tributario del aporte monetario de naturaleza estatal del Programa de apoyo para el pago de la prima de servicios (PAP) (artículo 7° del Decreto Legislativo 770 del 2020).

Hasta el 30 de septiembre se extendió el plazo para suscribir acuerdos de pago con la Unidad de Pensiones y Parafiscales (UGPP) a los acreedores de conciliaciones o sentencias judiciales.

Ahora, se reconocerá de manera obligatoria como experiencia profesional las prácticas que se hayan realizado en el sector público o privado como opción para adquirir el correspondiente título. La norma, compuesta por ocho artículos, explica que el tiempo realizado por el estudiante como práctica laboral tendrá que ser certificado por la entidad beneficiaria y, en todo caso, sumará al tiempo de experiencia profesional del practicante.

Con el fin de garantizar la efectividad del trámite estructurado en el manual operativo del programa de auxilio a los trabajadores en suspensión contractual o licencia no remunerada, el Ministerio del Trabajo hizo algunos ajustes al mismo en relación con el procedimiento y las verificaciones que deben realizar los distintos actores involucrados en la ejecución del programa.