La Dian, en reciente concepto, resolvió varias inquietudes relacionadas con las rentas exentas de trabajo. Así, la entidad precisó que el numeral primero del artículo 206 del Estatuto Tributario se refiere a las indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedad, por lo que no son rentas exentas las incapacidades por enfermedad general y accidentes de trabajo, pues no tienen carácter indemnizatorio.

El Ministerio de Salud expidió una resolución que tiene por objeto implementar la certificación de discapacidad y el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad (RLCPD), como mecanismos para localizar, caracterizar y certificar a esta población, cuyo manual técnico hace parte integral de la norma.

El acto administrativo aclara que la certificación estará exenta de pago por parte del solicitante. La norma regula el equipo multidisciplinario que realiza el procedimiento, la autocorrección y voluntariedad, autorización de IPS, entre otros aspectos.

La Corte Constitucional estableció que la fecha de estructuración de la invalidez no puede ser la misma en que se práctica el examen, toda vez que ello implicaría que el paciente ingresó a valoración con buen estado de salud y el mismo día adquirió las patologías.

La Corte Suprema de Justicia recordó que las administradoras de pensiones deben agotar diligente y oportunamente las gestiones de cobro ante los empleadores, de suerte que, de omitirse esta obligación, deben responder por el pago de la prestación a que haya lugar, según la normativa aplicable.

Para el cumplimiento de esa gestión, el sistema de seguridad social les otorgó a dichos entes herramientas jurídicas suficientes para desplegar su control, requerir a los morosos e iniciar acciones de cobro, además de contemplar, a su favor, intereses o multas.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo, sobre descanso remunerado durante la lactancia, la trabajadora que da a luz tiene derecho a dos descansos de 30 minutos cada uno dentro de la jornada laboral para amamantar a su hijo, recordó el Ministerio del Trabajo.

La expresión “interesado”, prevista en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 142 del Decreto Ley 019 del 2012, sobre calificación del estado de invalidez, para efectos de manifestar inconformidad en caso de no estar de acuerdo con el dictamen, se refiere, en primer lugar, a la persona que sufre el accidente o padece la enfermedad que le causa la disminución en su potencial laboral, es decir, la persona a la cual se le ha practicado el examen médico.

Una sala de descongestión de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia recordó que los riesgos pensionales en cabeza del empleador solo cesan con la subrogación a la respectiva entidad de seguridad social. Así las cosas, los tiempos de servicios no cotizados, por falta de cobertura del Instituto de Seguros Sociales (ISS), no pueden ser desconocidos, razón por la que el empleador conserva una responsabilidad financiera respecto de los mismos, que se traduce en el pago de un cálculo actuarial.

Una vez el usuario presenta la solicitud de reconocimiento de la incapacidad con sus respectivos soportes, la EPS tiene 15 días hábiles para revisarlos y entrar a liquidar o autorizar dichas prestaciones económicas y, una vez autorizadas, tiene hasta cinco días hábiles para pagarlas, indicó el Ministerio de Salud.

La Corte Constitucional recordó los parámetros legales y constitucionales que permiten determinar a un juez constitucional la procedencia de la garantía a la estabilidad reforzada para efectos de ordenar un reintegro a quien ha sido desvinculado, por ejemplo, por la terminación del plazo pactado.

Precisamente, sostuvo que la primera de ellas se centra en constatar que quien interpone la acción de amparo sufre una condición médica que le disminuye su posibilidad física de trabajar.

Si bien el artículo 71 de la Ley 1116 del 2006, sobre obligaciones posteriores al inicio del proceso de insolvencia, dispone que los gastos de administración tendrán preferencia de pago sobre aquellas obligaciones causadas con anterioridad al inicio y que serán objeto del proceso de liquidación judicial, los créditos relacionados con indemnizaciones por terminación de contratos laborales considerados gastos de administración deben ser cancelados dentro de los demás créditos preferentes de la misma categoría.