La situación militar se debe acreditar antes de ejercer un cargo en el sector público o privado o para celebrar contratos de prestación de servicios como persona natural con una entidad del sector público.

El Gobierno sancionó la ley con la cual reduce la jornada laboral semanal de manera gradual, sin disminuir el salario ni afectar los derechos adquiridos y garantías de los trabajadores. Puntualmente, se modifica el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo (CST) y reduce la jornada laboral de 48 a 42 horas semanales.

Con fundamento en el Convenio Internacional entre Colombia y España, cuyo fin es garantizar los derechos pensionales de los trabajadores de ambas partes y que fue aprobado mediante la Ley 1112 del 2006, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia declaró a la accionante como beneficiaria de la seguridad social y condenó a Colpensiones a reconocer y pagar la prorrata de la pensión, además de los intereses moratorios.

La Corte Constitucional concedió una tutela a un trabajador diagnosticado con una enfermedad degenerativa que fue despedido de la empresa en la que trabajaba sin contar con la autorización respectiva por parte del Ministerio del Trabajo.

En principio, el pago de la disponibilidad laboral procede cuando la misma se cumple en el lugar de trabajo, de tal suerte que el trabajador no pueda realizar otras actividades particulares, indicó el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Al conceder el amparo invocado, la Corte Constitucional abordó el derecho a la seguridad social y el mínimo vital y reiteró la jurisprudencia relacionada con los requisitos legales para la sustitución pensional al hijo o hija en situación de invalidez.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2.5.5.3 del Decreto 1083 del 2015, las licencias que se pueden conceder a los empleados públicos se clasifican en no remuneradas (ordinarias y no remuneradas para adelantar estudios) y remuneradas (para actividades deportivas, enfermedad, maternidad, paternidad y luto).

La Sala recordó la regla general contenida en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, según la cual cuando como consecuencia de una enfermedad un afiliado sea declarado “inválido” tendrá derecho a la pensión de invalidez si cotizó 50 semanas dentro de los últimos tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.

A través del Decreto 740, la Presidencia modificó parcialmente el Decreto 660 del 2021, el cual definió las reglas para que privados puedan realizar alianzas con organismos multilaterales para la adquisición de vacunas.