La accionante reclamaba a quien fuera su empleador el reconocimiento de la pensión convencional de jubilación conforme al acuerdo colectivo.

La Superintendencia del Subsidio Familiar indicó los trabajadores deben ser afiliados desde el momento de su vinculación laboral y hasta su término en la caja de compensación familiar donde al respectivo empleador se le haya aceptado su solicitud de afiliación.

El Ministerio de Hacienda, por medio del Decreto 256, del 23 de febrero, modificó y adicionó el Decreto 1068 del 2015 (DUR del sector Hacienda y Crédito Público), en lo relacionado con la financiación de obligaciones pensionales con recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet).

La Sala Laboral señaló que para determinar el nexo de causalidad entre el suceso y la actividad laboral es necesario analizar “si existía evidencia de diagnóstico de enfermedad alguna que pudiera catalogarse como profesional”.

A través de la Resolución 4272, del pasado 27 de diciembre, el Ministerio del Trabajo estableció los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajos en alturas (TA) y lo concerniente con la capacitación y formación de los trabajadores y aprendices en los centros de entrenamiento.

El Ministerio de Hacienda ordenó el pago y transferencia, a través de las entidades financieras, de los recursos de los aportes estatales a los beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), verificados previamente por la UGPP, con cargo a los recursos del presupuesto general de la Nación.

La Corte Constitucional recordó que el artículo 56 del Código Sustantivo del Trabajo dispone que el empleador tiene la obligación de brindar protección y seguridad a los trabajadores. Esta obligación les exige adoptar todas las medidas tendientes a prevenir el riesgo y siniestralidad de las actividades que produce, causa y organiza.

En seis acciones de tutela formuladas de manera independiente, Colpensiones reclamó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia supuestamente vulnerados por los jueces accionados, al proferir decisiones dentro de procesos de nulidad y restablecimiento del derecho en los que se desconoció el precedente de la Corte Constitucional.