Ni la jurisprudencia desarrollada por la corporación y mucho menos el ordenamiento jurídico laboral y de la seguridad social prevén como requisito para que proceda la declaratoria de ineficacia del traslado que el afiliado al momento del cambio de régimen pensional fuese beneficiario del régimen de transición, tuviese un derecho consolidado o una expectativa legítima.

Son deberes de todo servidor público dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas, salvo las excepciones legales, recordó el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Están son definidas como toda actividad formativa desarrollada por un estudiante de cualquier programa de pregrado, en la modalidad de formación profesional, tecnológica o técnica profesional, en la cual aplica las aptitudes, habilidades y competencias para desempeñarse en el entorno laboral.

Las entidades públicas, de manera progresiva y atendiendo el principio de sostenibilidad fiscal, podrán incluir dentro de sus gastos de funcionamiento una cuenta que tenga como finalidad el reconocimiento de un subsidio mensual de transporte y alimentación para los estudiantes que están realizando su práctica profesional.

En vigencia de la Ley 100 de 1993, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 1730 del 2001, “las indemnizaciones sustitutivas de vejez y de invalidez son incompatibles con las pensiones de vejez y de invalidez” Sin embargo, hay una excepción.

De acuerdo con lo previsto en el parágrafo 3 del artículo 9 de la Ley 797 del 2003, sobre requisitos para obtener la pensión de vejez, se considera justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria que el trabajador del sector privado o servidor público cumpla los requisitos para tener derecho a la pensión.

De acuerdo con lo previsto en el numeral 5 del artículo 50 de la Ley 1116 del 2006, la declaración judicial del proceso de liquidación produce la terminación de los contratos de trabajo, con el correspondiente pago de las indemnizaciones a que haya lugar.

La Corte Constitucional estudió una tutela en la que el accionante consideraba que se vulneraron sus derechos fundamentales y los de su hija menor de edad al negarse el reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez de padre trabajador con hija en situación de discapacidad.

El Departamento Administrativo de la Función Pública resolvió una consulta relacionada con la posibilidad de liquidar las prestaciones sociales de manera definitiva de un empleado nombrado en provisionalidad que superó el periodo de prueba.

Este 31 de marzo culminan los beneficios de la Ley de Inversión Social, que incluyen alivios como el principio de favorabilidad, la terminación por mutuo acuerdo y la conciliación judicial.