La presente norma deroga el Decreto 190 del 2021.

Consejo Superior carece de competencia para asignar a cargos de la Rama Judicial remuneraciones diferentes a las previstas en la normativa.

Se garantizará a los repartidores una tarifa mínima de $ 3.050 por pedido finalizado.

En todo caso, el principio constitucional de especial protección y asistencia le impone al empleador cumplir tres obligaciones.

El reconocimiento de la existencia de una relación laboral no implica otorgar la condición de empleado público.